Proyecto de ley de competencias: una oportunidad de descentralización desperdiciada
Por: Viviana Barberena
El Proyecto de Ley de Competencias prometía ser la herramienta definitiva para avanzar en la descentralización y el cierre de brechas territoriales en Colombia. Sin embargo, tras un análisis riguroso, el texto no logra superar la generalidad y peca por su falta de coherencia, enfoque y visión integral.
No existe un hilo conductor consistente con el avance de la descentralización y la autonomía, lo que debilita el sentido mismo de la propuesta.
Una ley que no aclara
El texto es excesivamente extenso e incluye indebidamente temas de ordenamiento territorial, asociatividad y servicios públicos, diluyendo su objetivo principal. Más grave aún, ignora la historia de la descentralización, tratando el tema como si apenas diera sus primeros pasos.
El resultado es una ley que no aclara quién hace qué, ni cómo se fortalecerán las competencias en los distintos niveles de gobierno.
El proyecto también falla al no definir con claridad el rol del departamento, el nivel intermedio que más necesita fortalecerse. Le asigna tareas críticas en infraestructura productiva, pero no le da autonomía ni una asignación clara de recursos, dejándolo en una especie de parálisis operativa.
El estancamiento sectorial y de recursos
En sectores cruciales como salud, educación y agua, el proyecto repite los esquemas de la Ley 715 de 2001, sin generar las transformaciones de fondo que el país necesita.
En salud, introduce una reforma sectorial sin soporte normativo ni financiero, generando un riesgo legislativo evidente.
En educación, mantiene la distribución de recursos enfocada en el personal docente, sin estímulos para mejorar la calidad ni la equidad en las zonas más vulnerables.
En cuanto a los recursos, la distribución conserva la fórmula ya establecida, frustrando el propósito de cerrar brechas.
La promesa de autonomía se desvanece: no se desmontan tareas nacionales que duplican funciones territoriales (como las del DPS o el ICBF), y el recurso de propósito general, la única fuente realmente flexible, queda reducido al mínimo tras reasignar la mayoría a sectores específicos.
La asociatividad, un enunciado vacío
La asociatividad se plantea como eje central, pero no se traduce en incentivos reales ni en mecanismos obligatorios para fomentar la cooperación entre municipios, especialmente los más pequeños, donde la escala es una limitación.
Así, el discurso de la asociatividad termina siendo un enunciado vacío, sin herramientas para hacerla efectiva.
Conclusión: una oportunidad fallida
El Proyecto de Ley de Competencias, sin cambios sustanciales, es una oportunidad fallida.
No consolida la equidad territorial ni fortalece la autonomía.
La descentralización requiere una norma más audaz, con una visión fiscal y territorial coherente, que respalde de verdad la gestión local.
Colombia necesita pasar de los enunciados a la práctica, para que sus territorios puedan desarrollar todo su potencial con autodeterminación y una autonomía real.